El 14 de febrero se sancionó en Colombia la ley que prohíbe el matrimonio infantil y las uniones tempranas, pero más allá del papel, su implementación podría enfrentar serios desafíos. En El Espectador consultamos con expertas que indican que los retos están relacionados con la educación, la pobreza y a los derechos sexuales y reproductivos.
La representante a la Cámara Alexandra Vásquez, una de las impulsoras de la iniciativa, en entrevista con este diario, explicó que podría haber resistencia en algunos sectores, en particular dentro de comunidades indígenas, al implementar programas de prevención y atención. Sin embargo, resaltó que la clave será construir la política pública de la mano de estas comunidades, para que se apropien de la norma y comprendan su alcance, considerando que muchas de estas uniones no son registradas formalmente.
No obstante, más allá de la mera comprensión de la norma, la erradicación de estas prácticas implica desmontar normas sociales y de género asimétricas que refuerzan el control de los hombres sobre sus parejas mujeres, sumado al hecho de que la mayoría de estas uniones en Colombia y en América Latina ocurren de manera informal, lo que dificulta su registro y seguimiento.
Vásquez también destacó el desafío del acceso a la justicia para las víctimas de uniones tempranas y explicó que “el acceso a mecanismos judiciales en Colombia es complejo, y se necesita una coordinación efectiva entre fiscales y entidades gubernamentales para garantizar la protección de los derechos de niños y niñas”. Aunque la implementación de la ley aún está en fase de estructuración, se espera que sea liderada con un enfoque territorializado por entidades como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación y Planeación Nacional.
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