Desde el congreso denuncian que el contratista recibió $2.500 millones y nunca entregó el centro de salud en Gachancipá.
En el Congreso de la República, la representante Alexandra Vásquez pidió a los órganos de control actuar ante un presunto caso de malversación de recursos públicos que tiene que ver con el esperado y retrasado proyecto de hospital en Gachancipá. La congresista encontró que la obra no ha avanzado ni un 12 % en su construcción.
Vásquez, explicó que el contrato de obra por $4.133 millones a realizarse en 4 meses y firmado en octubre de 2019, cuenta hoy con un porcentaje de avance de 11,61 %, “lo que resulta una muy baja ejecución si se compara con el anticipo y pagos que se entregaron al contratista Consorcio CSG, que suman en total más de $2.500 millones”, indicó la representante por Cundinamarca.
Recordó la representante que en Gachancipá la ciudadanía ya había advertido en múltiples observaciones presentadas antes de adjudicarse la obra al consorcio CSG. Asimismo, detalló que el contrato del centro de salud desde su firma ha tenido 6 suspensiones y 12 ampliaciones a las suspensiones sin ver beneficio para la comunidad.
“Esto es una presunta flagrante malversación de recursos públicos otorgados a un proyecto que beneficiaría a los habitantes que requieren servicios de salud urgentes, básicos y primarios, aunado a las faltas disciplinarias que conlleva la malversación de un anticipo, el cual hasta el día de hoy no tiene una correcta destinación”, dijo la congresista.
A su vez, la representante Alexandra Vásquez alertó que en varios de los procesos de este contrato existen documentos “ilegibles e inexistentes” en el proceso licitatorio, y que lo único que es realidad es una placa con el mensaje no cumplido: Un sueño hecho realidad. “El consorcio presentó en su oferta estudios y diseños no viables para la construcción; producto de ello, son las múltiples suspensiones en obra, retrasos injustificados e inadecuado uso que realizó el contratista frente a la entrega del anticipo, debido a que la estructuración del mismo no estaba planificada correctamente, lo que implicó para el municipio un mayor gasto, puesto que en la vigencia 2022 se suscribe un nuevo proceso contractual para ajustar estudios y diseños”, agregó.
Sumadas a sus denuncias, Vázquez señaló que dos de los integrantes del consorcio CSG también tienen antecedentes “preocupantes” en la ejecución de obras públicas. “Construcciones e Ingeniería CRP SAS, representada por Cesar Augusto Ramírez Perdomo, tiene otra obra suspendida y retrasada en Cundinamarca: la construcción del centro agroindustrial y de acopio de Cota. Por su parte, Clara Alicia Guerrero fue sancionada por la Contraloría General de la República por incumplir la construcción y mejoramiento de una plazoleta y el parque central en El Castillo, Meta”, concluyó.
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