El colapso del puente de Madrid expone corrupción y negligencia en contratos públicos. Un contratista con antecedentes cuestionables.
El colapso de un puente peatonal en construcción en Madrid, Cundinamarca, ocurrido el pasado 12 de diciembre, ha desatado indignación entre los habitantes del municipio. La obra, a cargo de la Unión Temporal Puentes Madrid, ha sido cuestionada por sus múltiples retrasos e irregularidades.
Este hecho pone nuevamente en el centro de la polémica al contratista responsable de puente caído, Ignacio Guerrero Patiño, y su relación con los escándalos de corrupción en la UNGRD bajo la gestión de Olmedo López.
Un historial de incumplimientos
Según la congresista Alexandra Vásquez, el contratista responsable de puente caído recibió un contrato de $45.000 millones para suministrar 17 puentes metálicos, de los cuales muchos permanecen abandonados en Tolemaida. Además, el puente colapsado, cuyo costo fue de $3.234 millones, acumula 14 meses de retraso, tres prórrogas y dos suspensiones.
Lo preocupante, afirmó Vásquez, es que este mismo contratista sigue al frente de la construcción de otro proyecto, el Puente de la Finca, por un valor de $4.780 millones, a pesar de su historial de incumplimientos y los riesgos evidenciados.
¿Dónde está la supervisión?
La congresista también criticó la falta de control en estos contratos y señaló la inoperancia de las interventorías, que no verifican los estudios ni los diseños. “Es inconcebible que al contratista responsable de puente caído no le pase nada y siga ganando licitaciones estatales mientras pone en peligro la vida de miles de personas”, enfatizó Vásquez.
Impacto para los habitantes de Madrid
El colapso del puente de Madrid no solo genera caos vehicular, sino también una creciente desconfianza en la gestión de los recursos públicos. Los ciudadanos exigen respuestas:
- ¿Por qué se siguen contratando empresas con antecedentes cuestionables?
- ¿Quién supervisa estas obras y sus incumplimientos?
- ¿Qué garantías existen para evitar más tragedias?
Este caso expone las fallas estructurales en la contratación pública y la urgente necesidad de medidas contundentes para proteger a las comunidades afectadas. La seguridad de los habitantes no puede seguir en juego por culpa de la corrupción y la negligencia.
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