Desde el Pacto Histórico, la representante Alexandra Vásquez pidió a la Procuraduría investigar y evaluar la responsabilidad disciplinaria del exmandatario municipal
El exalcalde de Ocaña, Norte de Santander, Samir Fernando Casadiego Sanjuan, que estuvo en el cargo durante el cuatrienio 2020-2023, está en la lupa del Congreso de la República por un polémico contrato que dejó firmado para la gestión y operación catastral del municipio.
Es por ello por lo que, desde la Cámara, la representante Alexandra Vásquez del Pacto Histórico, como coordinadora de la Comisión Accidental para el Seguimiento a la Implementación del Catastro Multipropósito en Colombia, formuló una queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación en contra de Casadiego Sanjuan por haber dejado un convenio interadministrativo con el municipio de Neiva para hacer la actualización, conservación y difusión catastral en el municipio de Ocaña.
Vásquez aseguró que “ese contrato beneficia directamente al cuestionado ‘Turco’ Hilsaca por intermedio de la contratación y constitución de la Empresa de Economía Mixta (SEM) Empresa de Servicios de Iluminación Pública y Desarrollos Tecnológicos de Neiva S.A.S. E.S.P. – ESIP S.A.S. E.S.P., integrada por el municipio de Neiva junto a AGM Desarrollos SAS y AMERICAN LIGHTINGS SAS, estas dos últimas relacionadas con el cuestionado contratista costeño”.
En el mismo sentido, la representante añadió que el órgano del Ministerio Público ya solicitó suspender inmediatamente el convenio interadministrativo de Neiva firmado con la empresa ESIP SAS. A su vez, recordó que la preocupación por cómo se pretende implementar la gestión catastral en Ocaña viene desde 2021 cuando el exmandatario manifestó que el municipio estaba en trámite para ser habilitado como gestor catastral y que una vez lo lograra se conformaría una Empresa de Economía Mixta para implementar la actualización catastral, lo cual está por fuera del ordenamiento legal. Sin embargo, la ciudad no fue habilitada para la gestión catastral y no se creó la mencionada SEM.
El contrato suscrito entre Ocaña y Neiva, según la parlamentaria, genera varias inquietudes, una de ellas es que se haya contratado a un gestor a quien la Procuraduría General de la Nación solicitó la suspensión inmediata del contrato suscrito con el operador catastral ESIP SAS, quien a su vez pretende prestar las mismas actividades en el municipio nortesantandereano, según la cláusula cuarta del convenio interadministrativo.
Asimismo, que no hay una cuantía fija o límite para que el gestor y operador catastral culminen las actividades de actualización: “No hay garantías o pólizas que aseguren el cumplimiento del contrato, teniendo en cuenta – entre otras cosas – la «idoneidad jurídica y experiencia que se le exige al cooperante». Pero, el municipio de Neiva y el operador catastral no cuentan con experiencia en la gestión catastral”, destacó.
Finalmente, Alexandra Vásquez cuestionó la falta de publicidad del mencionado convenio interadministrativo, ya que a pesar de ser una obligación contractual no se encuentra su publicación por parte del gobierno municipal de Ocaña en el sistema de contratación pública Secop, evitando la revisión de los estudios y documentos previos.
“Por todo lo anterior, radiqué una queja ante la Procuraduría General de la Nación para que se realice una investigación exhaustiva frente a este proceso de contratación y se determine la posible responsabilidad disciplinaria del exalcalde del municipio de Ocaña”, concluyó.