El 16 de septiembre de este año hice una denuncia pública por las irregularidades en la contratación en el proceso de actualización catastral en Neiva, Huila. En este municipio se contrató a un operador catastral (Empresa de Servicios de Iluminación Pública y Desarrollos Tecnológicos de Neiva SAS ESP – ESIP SAS ESP) que tiene nula experiencia en procesos catastrales y a su vez está integrado por empresas controladas por el cuestionado contratista Turco Hilsaca.
Todo esto ha sido gestionado por el alcalde de esa administración, Gorky Muñoz Calderón, quien fue suspendido temporalmente hasta el 30 de octubre de 2023 por participación en política. Tan pronto asumió su cargo, el pasado 31 de octubre, el alcalde firmó el decreto 0892 de 2023 “por medio del cual se ordena el inicio del proceso de actualización catastral con enfoque multipropósito en el área urbana y rural del municipio de Neiva – Huila”.
No puede pasar desapercibido que el convenio interadministrativo No 2105 de 2023 firmado entre Neiva y la mencionada empresa asciende a una cuantía de hasta Treinta y siete mil diecinueve millones ochocientos once mil cuatrocientos setenta y tres pesos COP ($37.019.811.473) por un plazo de hasta quince años. Además, el cronograma previsto en los anexos del mismo convenio señala que el cronograma de ejecución del proceso de actualización para la vigencia del 2023 inicia desde julio de este año hasta diciembre de 2023. ¿Acaso están considerando llevar a cabo este proceso en tan solo dos meses?
Seguimos alertando con suma preocupación las formas en que se sigue ejecutando el proceso de actualización catastral en el país a través de onerosos contratos a cargo de empresas cuestionadas y sin experiencia mientras hay silencio de la institucionalidad en cabeza del Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC -. Finalmente, hacemos un llamado a la nueva administración municipal de Neiva para que tenga en cuenta la gravedad de estas denuncias en su empalme y prever futuras afectaciones al proceso de actualización catastral.