En una reciente sesión del Congreso de la República, la representante a la Cámara por Cundinamarca, Alexandra Vásquez, reveló preocupantes deficiencias en la actualización catastral realizada en 25 municipios de la región. Según la parlamentaria, los datos disponibles en el Sistema Nacional de Información Catastral (Sinic) presentan una calidad alarmantemente baja, afectando así a la comunidad que depende de esta información para la liquidación de impuestos prediales.
Vásquez destacó que, según confirmación del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), “no hay ningún municipio donde la calidad de los datos suministrados por la Agencia Catastral de Cundinamarca supere el 52%”. Esta situación es crítica, dado que, a pesar de la baja calidad de la información, estas bases catastrales se han utilizado para calcular impuestos, lo que genera un impacto directo en los ciudadanos.
La representante anunció que llevará esta problemática a la Superintendencia de Notariado y Registro con el fin de solicitar la inhabilitación de la Agencia Catastral de Cundinamarca. Además, hizo un llamado al Gobierno nacional para revisar el funcionamiento del catastro multipropósito en el país, liderado por Gustavo Adolfo Marulanda, director del IGAC, quien ya había sido sancionado por problemas similares en el municipio de Soacha.
Vásquez también recordó que Soacha fue el primer municipio en ser sancionado por la Superintendencia debido a la pésima actualización catastral, con una multa que asciende a más de 700 millones de pesos, carga que recaerá en los contribuyentes.
Los municipios afectados por esta situación incluyen Anapoima, Anolaima, Apulo, Arbeláez, Chaguaní, Facatativá, Fómeque, Guaduas, Guatavita, Nemocón, Nimaima, Nocaima, Quebradanegra, Quipile, San Antonio del Tequendama, Subachoque, Supatá, Sutatausa, Tausa, Tibacuy, Tibiritá, Tocaima, Vergara, Villa de San Diego de Ubaté y Villeta, lo que pone de manifiesto una crisis en la gestión catastral en la región.
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